FNE rechaza traspasar al Ministerio Público la acción penal en casos de colusión

La titularidad de la acción penal en los casos de colusión se volvió a tomar el debate en materia de libre competencia a raíz del análisis del proyecto que busca fortalecer la investigación y persecución de carteles y aumenta su pena, presentado el 18 de marzo por el gobierno.

Ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, abordaron la situación dando cuenta de sus posiciones contrapuestas.

"Se trata de un buen proyecto de ley", dijo Riesco en su presentación, dando cuenta argumentos a favor de la agenda antiabusos anunciada por el gobierno de Sebastián Piñera, especialmente porque el mensaje del ejecutivo potencia las facultades de su organismo para perseguir estas conductas.

Luego agregó: "Por razones técnicas, la FNE rechaza total y absolutamente que la acción penal quede en manos del Ministerio Público", señaló.

Entre los argumentos que justifican esta postura mencionó el riesgo de investigaciones paralelas, el efecto negativo sobre la delación compensada, la especialización alcanzada por la FNE y su efectividad en los casos de colusión, además del resguardo de la confidencialidad, entre otras.

"El 75% de las investigaciones en el mundo se hacen en base a una delación compensada, entonces todo lo que ponga en riesgo este mecanismo es una mala noticia para quienes perseguimos colusiones. Si hay investigaciones paralelas, todo terminará en juicio paralelos y eso acarrea otras aristas complejas como eventuales sentencias contradictorias", dice el fiscal.

Según Riesco, la FNE ha tenido manejo "casi inmaculado del mecanismo de confidencialidad, algo que otras instituciones no pueden hacer", señaló refiriéndose a las facultades del Ministerio Público.

"Pese a toda admiración que siento por el Ministerio Público no tiene toda la expertiz que ha acumulado la FNE. Quisiera recordar algunos casos como SQM, Cascadas, Caso Penta, La Polar, donde no han tenido sanciones para delincuentes de cuello y corbata", acusó el abogado.

A su turno, Abbott dijo compartir las motivaciones y los lineamientos del proyecto, señalando que "la libre competencia es un bien jurídico que debemos cautelar con severidad", planteó.

Sin embargo, agregó que "no es posible que este tipo de conductas tengan un tratamiento privilegiado respecto de otros delitos", aludiendo a defender la necesidad de instalar la acción penal en el Ministerio Público.

Según una publicación de la Cámara de Diputados, Abbott criticó que ni siquiera tienen la posibilidad de forzar una investigación por medio de querellas y recalcó que solo les resta esperar (de cuatro a cinco años con la posible pérdida de pruebas que ello posibilita) a que haya un fallo condenatorio por la vía administrativa y que el fiscal nacional económico opte por iniciar una acción penal, decisión que, de ser negativa, no es apelable ante ningún organismo o autoridad.